Se estima que 9 de cada 10 extorsiones telefónicas se realizan desde alguna cárcel del país; ahí está el caso de Bryan, preso en Santiaguito, Almoloya, señalado por dirigir desde prisión una red de extorsión y otros delitos.
Mientras tanto, el gobierno asegura que registrar las líneas telefónicas acabará con la extorsión, pero el robo de celulares y las llamadas de extorsión continúan. El verdadero problema está en las redes criminales que operan desde las cárceles, en la posible complicidad de funcionarios.
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