Actualmente, cerca de 100 de ellos continúan trabajando amparados por juicios legales, mientras que aproximadamente 50 artesanos no han podido comercializar sus productos al carecer de dicho recurso.
La principal problemática radica en la falta de definición sobre qué autoridad debe regular y emitir los permisos correspondientes en la zona turística.
Marcos Guevara Saavedra, presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco (UIRA), explicó que mientras las autoridades municipales argumentan que la regulación le corresponde al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), los comerciantes sostienen que es una responsabilidad del Ayuntamiento.
Los afectados argumentan que llevan más de dos décadas instalados en la zona turística, manteniendo sus áreas de trabajo limpias y respetando el paso peatonal sin hostigar al turismo ni dar mal aspecto a la avenida.
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