Habitantes y turistas en Acapulco han alzado la voz contra la creciente privatización de los accesos a las playas, especialmente en la Zona Diamante. A pesar de que la ley establece que el acceso a las playas mexicanas es público y gratuito, se han reportado múltiples obstáculos que impiden el libre tránsito de las personas hacia la franja de arena.
De acuerdo con testimonios y reportes locales, diversos tramos de la costa en la zona de Diamante se encuentran bloqueados por condominios, hoteles y propiedades privadas que impiden el paso a quienes no son huéspedes o residentes. En algunos puntos, se han instalado cercos con estacas y cintas de precaución que limitan el área donde los bañistas pueden colocar sombrillas o sillas, bajo el argumento de que son “zonas concesionadas”.
El marco legal en México es claro: no se puede restringir o prohibir el acceso a las playas, ya que son bienes de uso público. La ley prohíbe explícitamente que los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre bloqueen los pasos hacia el mar.
Sin embargo, el abogado Pablo Andalón Sotelo señala que persisten irregularidades en la aplicación de estas normas, permitiendo que intereses privados prevalezcan sobre el derecho ciudadano de disfrutar de las costas guerrerenses.
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