La magnitud del descalabro desató una ola de protestas ciudadanas frente a las sucursales bancarias cerradas, provocó la dimisión en cascada de altas autoridades monetarias y sacudió los cimientos del poder político en el país.
La crisis adquirió una dimensión crítica al revelarse que el colapso no solo afectó a ahorristas particulares, sino que comprometió recursos estratégicos del Estado, incluyendo capitalizaciones de hidroeléctricas públicas y fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Informes técnicos preliminares señalaron graves fallas de supervisión y alertas ignoradas dentro del sistema de control estatal, lo que encendió la indignación pública.
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