El Parque Estatal Bicentenario, un bastión ecológico de 30 hectáreas en Acapulco, se encuentra en una coyuntura crítica que pone en riesgo su existencia. Tras más de 15 años de protección ciudadana, el vencimiento del comodato por parte de la Semaren y la intención de transferir los terrenos al fideicomiso FIDACA han encendido las alarmas sobre una posible especulación inmobiliaria. A pesar de los sellos de clausura, la presencia de maquinaria pesada y construcciones ilegales denuncian una vulnerabilidad institucional que podría convertir a Guerrero en el primer estado del país en perder un área natural protegida en favor del concreto.
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La pérdida de este ecosistema no solo representa un retroceso administrativo, sino un desastre ambiental para el puerto. Como “bosque de agua”, el parque es fundamental para la recarga de mantos acuíferos y alberga especies en peligro bajo la NOM-059, como el Palo Morado y el tejón. Ante la presión del desarrollo urbano, la exigencia de la sociedad civil y la academia es clara: elevar el estatus del parque a una Área Natural Protegida de nivel federal. Solo blindando legalmente este espacio se podrá garantizar que los servicios ambientales y la biodiversidad de Acapulco no sean sacrificados por intereses económicos de corto plazo.
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