Resulta curioso que al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo llevaran a prisión con base en testimonios de testigos protegidos.
Mientras que desde la 4T se insiste en que para otros casos como el de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza hacen falta pruebas y no solo declaraciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que colaboradores acusaron a Aguirre de ordenar la desaparición de grabaciones del Palacio de Gobierno de Iguala, donde ocurrieron los hechos relacionados con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Parece que la vara con la que se mide puede cambiar según el expediente.
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