El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su posterior entrega a Estados Unidos, presuntamente por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, desató la violencia que muchos anticipaban: más de 2,400 personas han perdido la vida y alrededor de 2,300 siguen reportadas como desaparecidas.
Desde entonces, Sinaloa enfrenta una guerra entre grupos del crimen organizado que ya supera los dos años.
Se advertía que las consecuencias no sólo afectarían a la población, sino que también podrían sacudir a la clase política, ante la posibilidad de que Zambada revelara información comprometedora.
Sin embargo, en sus primeras declaraciones, El Mayo aseguró que fue privado de su libertad al acudir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya, donde también fue asesinado el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, figura política con vínculos en distintos partidos.
Pese a estas afirmaciones y a lo que presuntamente ha declarado en Estados Unidos, no se han visto resultados: la violencia continúa, el cártel sigue operando y los actores políticos señalados permanecen sin consecuencias.
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