Las autoridades ambientales en México endurecieron la vigilancia para frenar la posesión y el comercio ilegal de aves silvestres, tales como pericos, loros y guacamayas. Mantener a estas especies en domicilios particulares o comercializarlas sin la debida autorización conllevará severas sanciones económicas y penales.
Las penas administrativas van desde los 300 hasta los 3,000 días de salario mínimo, lo que puede superar los 600,000 pesos de multa según la gravedad del caso.
Además de los castigos económicos, la legislación establece penas de cárcel para quienes incurran en la captura o tráfico ilícito de fauna silvestre, enfrentando condenas que van de 1 a 9 años de prisión.
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