A decir de las representantes del movimiento de búsqueda en Guerrero, las cifras presentadas por el gobierno central intentan reducir artificialmente el impacto político de la violencia en la región. Las buscadoras señalan que en municipios con alta presencia de grupos delictivos la cifra negra es alarmante, pues el desplazamiento forzado de familias enteras impide que se dé seguimiento a las carpetas de investigación.
La confrontación por los números de desaparecidos en Guerrero se suma a una tendencia nacional de tensión entre los colectivos de familiares y las administraciones gubernamentales, que enfrentan el reto constante de conciliar la estadística oficial con la realidad de las familias que siguen rascando la tierra en busca de respuestas.
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