La protesta surge a raíz de un presunto intento de despojo de una fracción de terreno que, afirman los afectados, fue originalmente donada a la institución. Según denuncian los padres, personas particulares pretenden retirar dos aulas móviles en las que actualmente alrededor de 20 alumnos reciben clases.
Durante la jornada de protesta, personal del Ayuntamiento entabló diálogo con los inconformes ofreciendo una mesa de trabajo. Aunque al momento no se han dado a conocer los acuerdos alcanzados, la comunidad escolar reiteró su demanda de una solución definitiva que garantice la continuidad y certeza jurídica de los espacios educativos para los estudiantes.
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