Asimismo, las autoridades precisaron que si el responsable del delito resulta ser un servidor público, las consecuencias legales se agravarán significativamente. Además de la pena penal correspondiente, el funcionario enfrentará la destitución inmediata de su cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas en el futuro.
Este llamado preventivo cobra especial relevancia tras los acontecimientos vividos durante el impacto del devastador huracán Otis, fenómeno que no solo causó graves daños materiales en el puerto de Acapulco, sino que detonó una ola de saqueos y robos generalizados en la región.
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