Las denuncias del gobierno estadounidense han puesto bajo la lupa a funcionarios de distintos niveles por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, pese a que desde Palacio Nacional se niega su existencia.
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En la lista figuran Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y la diputada Hilda Araceli Brown, además de otros exgobernadores y exfuncionarios señalados o sancionados por Estados Unidos.
A estos casos se suma la Operación Enjambre, que ha llevado ante las autoridades a exalcaldes y funcionarios de distintas entidades, como el exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez; el de Cuautla, Jesús Corona; el de Tequila, Diego Rivera; y el de Teuchitlán, José Ascensión, por mencionar algunos.
El conteo referido supera los 111 políticos y servidores públicos detenidos en el país por presuntos vínculos delictivos. Esta cifra plantea cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones y la respuesta de las autoridades frente a las acusaciones de posibles nexos entre funcionarios y grupos criminales.
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