Los manifestantes exigen el pago de mensualidades atrasadas del programa Plan Flexible del CEBE, las cuales presentan adeudos desde el año 2017. Rafael Adán Ramírez, uno de los afectados, señaló que la deuda asciende a aproximadamente 113 meses por jubilado.
El cierre de las instalaciones ha dejado a cientos de ciudadanos sin la posibilidad de realizar trámites urgentes. Personas provenientes de otros municipios, como Acapulco, han tenido que pernoctar en las inmediaciones del edificio con la esperanza de que las oficinas abran sus puertas.
Hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno de Guerrero ha emitido una postura oficial ni se ha establecido una mesa de diálogo que logre destrabar el conflicto. La movilización de los jubilados tiene un alcance estatal, lo que sugiere que las protestas podrían intensificarse en otras regiones si no se llega a un acuerdo sobre los pagos del CEBE.
